En México la gente dice que la justicia es para los que tienen el dinero para comprarla, no coincido con ese punto de vista popular ya que aun confió en algunas autoridades que imparten la justicia en el país, pero en muchos casos creo que las personas ven que solo se puede acceder a la justicia teniendo el dinero suficiente para comprar un juez a su favor o presionar a las instituciones para logran un fin, un ejemplo claro es el caso de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
Estás dos personas indígenas otomíes fueron arrestadas en el pueblo de Santiago Mezquititlán, Querétaro, acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales. A demás de ser acusadas por el secuestro de las autoridades federales, se les acuso de posesión de cocaína, la cual la autoridad no presento por haberse “consumido” durante pruebas periciales, esta tan solo es una de las irregularidades durante el proceso de investigación, la cual se ha tornó por tener demasiadas de ellas.
El pasado martes 27 de abril, la Suprema Corte de Justicia Nacional, por medio de la ministra Olga Sánchez Cordero pidió liberar de inmediato a los indígenas otomíes, ya que según las investigaciones de la suprema corte, la Procuraduría General de la República incurrió en irregularidades como la fabricación de testimonios y el uso de pruebas ilícitas, para acusarlas, incluso, en el delito de posesión de cocaína.
Tras la presión de varios organismos como Derechos Humanos y Amnistía Internacional, esta ultima, al ser liberadas, emitió un comunicado de prensa donde pide al gobierno federal reparar los daños por la perdida de tiempo al estar presas, y no contar con un juicio transparente, y como se ha señalado, lleno de irregularidades en las evidencias y declaraciones en contra de estas indígenas.
Con esta declaración, queda claro, que en México los procesos judiciales a los cuales los indígenas son sometidos, entrañan condiciones de discriminación que se ven reflejadas en faltas graves al debido proceso y juicios injusto, además de violarse muchos derechos humanos elementales durante dichos juicios.
En un ejemplo de humildad y de gran calidad humana excepcional, a las pocas horas de haber sido puestas en libertad, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, solo pidieron que quienes las condenaron, pidan perdón públicamente, y declararon que aun no creen en la justicia mexicano, pues como ellas hay muchos indígenas en la cárcel sin merecerlo.
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